El Gobierno ha aprobado la Ley de Memoria para impulsar las exhumaciones y reconocer a los cientos de miles de personas que aún yacen en cunetas o campos de exterminio víctimas de la dictadura de Franco, después de cuarenta años de silencio y distracción de la derecha política española.
No se ha hecho esperar Pablo Casado, que anunció inmediatamente que derogará la ley de Memoria Histórica aprobada en el año 2007 si llega a La Moncloa. Lo ha anunciado este lunes en un acto junto a dos ministros de la extinguida UCD, Ignacio Camuñas y Rafael Arias-Salgado. El líder del PP ha asegurado que sustituirá esta ley "por una ley de concordia", pegando un escupitajo verde y ridículo de quien y quienes han sembrado el odio, la discordia y la crispación política durante su liderazgo en la derecha contra el gobierno elegido en las urnas y Parlamento
Una "ley de la concordia" de quienes han manipulado el pasado, manipulan el presente y han obstaculizado la exhumación de las víctimas del franquismo no parece obviamente coherente, más bien ridícula.
Es más, aunque se desconozca el contenido de esta propuesta, Pablo Casado, gesta en su discurso el bulo mediático cuantificando en 16 mil millones de euros que el Estado ha dado a las familias republicanas desde 1975 (a no ser que Rajoy o Aznar lo hayan metido en bolsillos equivocados). Otro insulto insolente a los que jamás fueron reconocidos y que además, en la época del gobierno de Rajoy, dejó con CERO presupuesto y sin efecto la ley de Memoria Histórica aprobada durante el gobierno anterior de Zapatero,
Entre los cometidos de esta ley aprobada el martes, viene a dar un paso más frente a la normativa aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero, lograr la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, y del resto de organizaciones que inciten "directa o indirectamente al odio o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo por su condición de tales", tal y como lo viene exigiendo la Unión Europea y tal y como ocurrió en Alemania con el régimen de Adolf Hitler.
La norma del Ejecutivo de coalición prevé impulsar las exhumaciones de cuerpos en fosas comunes, la creación de un banco de ADN de víctimas y un plan para encontrar a familiares desaparecidos durante la dictadura.
En Vox, por otro lado, tienen claro que van a recurrir la nueva ley de Memoria aunque no la hayan leído. El portavoz de los ultraderechistas, Jorge Buxadé, ha anunciado este lunes que su partido recurrirá "sin verla" ante el Tribunal Constitucional por una supuesta vulneración de "dos, o cinco o seis" preceptos de la Carta Magna, como la libertad religiosa, ideológica, de cátedra o de "alguna libertad".
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