España "mucho libre" con vergüenza ajena

España en su mundo, imposible le es despegar hacia iniciativas libres y soberanas, fundamentalmente de principios democráticos, secados con la participación de partidos políticos que obedecen a una internacional política y militar, más que a la idiosincrasia de su pueblo.
Los principios han sido superados por la convivencia comercial y su dependencia a la globalización financiera e incluso militar.
Son los mercados quienes marcan la iniciativa superando a cualquier movimiento social soberano hipócritamente bajo lemas verbales de derechos humanos: libertades, igualdades o bienestar social, pisoteados en todo momento por el expolio del capital.
El periodismo español en general se ha sumado al relato político. Bulos, mentiras y demás siembras que disfraza con la moral y la dignidad, fácil de difundir a un pueblo mayoritariamente ignorante sin alternativa.
En este sigma, no es extraordinario, sino es veta común que los políticos abusen y roben lisa y llanamente el erario público, sumándose con algunas empresas que con la corrupción hacen sus negocios y especialmente la banca y los especuladores. España es buen ejemplo de la debacle social y todo principio fundamental que se disimula con la mentira, la manipulación periodística y obviamente con la participación de buena parte del poder judicial, fundamentalmente de la alta magistratura proveniente de la designación política, convirtiendo un entramado mafioso bajo estructuras institucionales en el propio estado.
Catalunya ha hecho saltar por los aires los estamentos de la democracia. No porque los políticos catalanes, o bien la política catalana tenga mejores principios que el resto de las autonomías, pero ha puesto sobre el tapete el derecho a decidir y el derecho a manifestarse de su pueblo consolidando a través de un acto público pacífico con las urnas. El estado Español respondió con las fuerzas de seguridad ciudadana, vergonzosamente buscando y destruyendo urnas y papeletas, usando el garrote entre millones de catalanes en un acto cívico de envergadura para castigar a quienes se interpusieran, bajo orden expresa del Ministro de Interior, y de algún juez trasnochado, en contraposición de mantener el orden público que es lo que debiera.
El derecho a manifestarse no es un delito. El derecho de votar tampoco es un delito e incluso ser independentista tampoco es un delito, sea quien sea el organizador. Por el contrario, son principios fundamentales de una democracia.
Pero he aquí que luego de ese desgraciado día para aquella masiva manifestación, el parlamento catalán autoproclamó la Independencia desobedeciendo normas constitucionales, único rasgo por lo que deberían juzgarse a los responsables, pues un referendum de esta índole no es vinculante ni legaliza al Parlamento decretar o declarar independencia de España.
Lo insólito, fue la respuesta del Estado Español a través de la Fiscalía y Abogacía del Estado (muy sospechada de estar politizada) judicializando el fenómeno acusando a políticos catalanes de alta traición y de rebelión. El juez Llamela, encargado de la instrucción, se sumó al criterio de forma compulsiva y los medios de comunicación se sumaron al relato junto a la mayoría de los políticos en el resto de España, despavoridos y confundiendo a la ciudadanía en general
El juez Llamela, ni siquiera se inmutó por la represión policial a una manifestación cívica pacífica. No se inmutó por el derecho a decidir de un masivo grupo popular. Sólo se encarnó con la traición y rebelión disponiendo de inmediato la encarcelación de los líderes políticos y altos funcionarios que permitieron aquel referendum fallido, cuyo delito fue simple y llanamente jurídicamente de desobediencia.
Pero ahora, el proceso está en manos del Tribunal de la Audiencia Nacional en un juicio oral, bajo la mirada internacional del mundo jurídico.
En esta oportunidad, los jueces no se pueden equivocar. No sólo por hacer Justicia, sino por su propia dignidad, por su prestigio y profesionalidad, pues mayor sería la vergüenza que según sea su dictamen, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le revocara la resolución.
Sea cual fuera el fin de esta historia. Llamela no se disculpará, ni los medios rectificarán su relato, ni los políticos que repudiaron el derecho al voto, el derecho a decidir, el derecho de manifestación o el independentismo cargarán con alguna culpa.
Por otra parte, no es un paradigma o una hipocresía que cada Autonomía sea independiente. Su gobierno, su parlamento, su constitución o estatuto es elegido por los ciudadanos de la región exclusivamente. Nadie podría entender que los valencianos o los andaluces votaran a favor o en contra de algo que se resuelve en Catalunya, pues Catalunya es autónoma según la Constitución Española.
Es cierto, la independencia de una región que proviene de una decisión ciudadana o buena parte de ella de determinada autonomía; más de dos millones de catalanes en este caso, debería y obviamente conmueve, preocupa e interesa a toda España. Pero este es un magro problema político que merece un serio debate en la cuestión con políticas adecuadas, integradoras y convivencionales. Nefastas son las políticas centralistas, partidarias, impositivas e imperiales, pues más que solucionar, han alimentado y seguirán alimentando aún con mayor ímpetu el deseo independentista de la gente. Es que nadie se ha preguntado porqué en menos de diez años, ha crecido en forma desmesurada e inquietante la voluntad independentista. En una democracia no es un político quien declama por allí o por allá llevando por los pelos de sus intereses la representación de sus votantes. El político, es una caja de resonancia de los problemas de la gente y su solución, o mejor dicho como debiera ser, pero en España el "político" no debate, no dialoga, no fundamenta, no razona. Sólo insulta a su oponente, miente y manipula. Es el responsable de la confrontación y la crispación social apoyado inconcebiblemente por los grandes medios de comunicación, de la prensa española que, por otra parte, está considerada de poca fiabilidad internacional.
En definitiva, con palos, barrotes y jueces no arreglamos el problema político. España, en estas cuestiones es en si misma un problema. En el caso y fenómeno catalán, irónicamente, también los jueces y acusaciones se equivocan, pues deberían juzgar y castigar no sólo a los responsables de una manifestación, sino a los más de dos millones de catalanes que se manifestaron. Y así, vuelta al "franquismo" que se mantiene escondido reverberante.