El magistrado Ricardo Enríquez, uno de los candidatos a hacerse con la presidencia del órgano de garantías, ha sido el encargado de redactar una ponencia de sentencia que, en caso de ser aprobada en su redacción actual, obligaría al ejecutivo de Pedro Sánchez a reactivar la financiación de los colegios que segregan por sexo.
La segregación por sexo fue suspendida por la Ley Celáa y varias comunidades ya han anunciado que dejarán de financiar a este tipo de centros privados y concertados a partir del próximo curso.
Sin embargo, la sentencia, en caso de prosperar el texto del magistrado ponente, frenaría esos planes en seco y las comunidades estarán obligadas a subsidiar con dinero público a estas privadas.
La propuesta de sentencia sobre el recurso presentado por la extrema derecha (VOX) contra la ley Celáa lleva la firma del magistrado Ricardo Enríquez, uno de los candidatos a presidir el tribunal tras la renovación, y el texto, cuyo debate está previsto para el próximo 26 de octubre, responde a un recurso presentado por Vox contra la Lomloe, la ley educativa conocida como Ley Celaá.
Recientemente ha sacudido el mundo, el conocimiento de la separación de mujeres y hombres en la educación de Afganistan, sin embargo en España, las escuelas privadas concertadas católicas, financiadas con dinero público, lo han venido haciendo durante siglos, sin que nadie se perturbe.
El ponente propone una estimación parcial del recurso planteado por la formación de extrema derecha que declare inconstitucional la prohibición de financiar con fondos públicos a los colegios que organizan a los niños y niñas en aulas o colegios separadas.
Tor
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